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Las ayudas para la conciliación siguen a la baja en Euskadi y ya ni se agotan

EL DIARIO VASCO. Las ayudas a la conciliación, aquellas que concede el Gobierno Vasco a las familias que se acogen a una reducción de jornada o excedencia para el cuidado de los hijos menores de 12 años o de familiares dependientes, recuperaron el año pasado el nivel de presupuesto previo a la crisis pero no lograron acaparar la misma demanda. En 2016, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales abonó pagos a 31.000 solicitudes, lo que supuso un gasto de cerca de 32 millones de euros, sin llegar a agotar el presupuesto (32,5 millones en total). El 65% de ellas se correspondieron a familias con ingresos por debajo de 20.000 euros de renta estandarizada (equivalentes a unos 42.000 euros anuales en el caso de un matrimonio con dos hijos). La partida también incluye una línea de financiación para contratar a un cuidador para los hijos, con apenas 400 solicitudes al año. En este caso, la relación de fuerzas se invierte y el mayor peso de la demanda recae en las rentas medias (78%) y altas (16%). Las bajas solo representan el 4,8%.

El criterio del nivel de renta se introdujo en 2015 en una reforma que también se aplicó a las ayudas por nacimiento de hijo, la prestación principal que se concede a las familias en Euskadi. Las ayudas a la conciliación, en cambio, están sujetas a presupuesto. De forma resumida, el Gobierno Vasco optó por mantener las cuantías a las rentas más bajas y redujo el montante de las prestaciones a los hogares de ingresos medios y altos -el 35% de las solicitudes-. En el caso de las ayudas por un año completo de excedencia, por ejemplo, estos hogares han pasado a recibir 520 euros menos, de los 3.255 euros a los 2.735, un recorte del 16%.

El balance de 2016 en lo que respecta a las ayudas por conciliación llama la atención por el incremento en el número de expedientes, pero ese abultado resultado tiene una explicación. En realidad, la demanda real sigue a la baja, un descenso que empezó en 2010 y sigue sin freno en un contexto de baja natalidad, atribuyen desde el Departamento.

A la hora de hacer los cálculos, hay que tener en cuenta que el año pasado se pagaron 13.000 expedientes que quedaron pendientes de 2015 -la Administración tiene seis meses de plazo legal para abonar las ayudas-.

Descontadas estas, las solicitudes efectuadas estrictamente a lo largo del año pasado se quedaron en 18.000, a las que hay que sumar otras 5.900 del último trimestre que se pagarán dentro de plazo, pero ya a cargo del presupuesto de 2017. En total, 23.900 ayudas solicitadas.

Los expedientes pagados en 2016, además, no se corresponden con beneficiarios, sino con el total de solicitudes aprobadas, muchas de ellas cuatrimestrales. La normativa permite presentarse a esta prestación cada cuatro meses, de forma que se fracciona el cobro, en lugar de recibir una sola cantidad una vez al año. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales reconoce que el retraso acumulado en los pagos desde 2013, cuando se recortó el presupuesto para este capítulo casi a la mitad, repercutió en las peticiones. Muchos solicitantes prefirieron la modalidad fraccionada para así intentar asegurarse entrar en el cupo de ayudas que se pagaban sin demora, interpretan desde la consejería.

Tres años después, el departamento que dirige la jeltzale Beatriz Artolazabal da por desatascado aquel cuello de botella que se creó con miles de solicitudes a la espera de ser concedidas. Las 5.900 que quedan pendientes de 2016 se corresponden con las presentadas a partir de octubre, y hay seis meses de plazo para abonarlas. «Hoy toda la demanda se ve atendida en plazos», subrayan fuentes de la consejería.

Con el presupuesto ya en niveles precrisis, la otra sorpresa es que no se ha llegado a agotar el dinero. Desde la consejería atribuyen esta circunstancia al efecto que haya podido dejar la crisis en reducciones de jornada de menos horas, y por lo tanto ayudas de menor cantidad, pues se pagan en proporción a la jornada trabajada. También reconocen que la realidad de los salarios más bajos ha influido en que las cantidades que se estén pagando hayan podido descender. Pero no atribuyen el descenso al impacto que haya podido tener el cambio en el sistema de ayudas por nivel de renta.

¿Ayudas eficaces?

La baja demanda reafirma al departamento en su tesis de que la política de apoyo a las familias «no debe limitarse a las ayudas económicas», como sostuvo la consejera Artolazabal en su última intervención en el Parlamento Vasco, cuando fue interpelada por el PP. El departamento ha anunciado que promoverá en esta legislatura una estrategia de familia, una de las asignaturas pendientes en política social.

A la espera de saber cómo se articulará ese plan y qué medidas incluirá, la consejera anticipó el debate sobre la eficacia de las ayudas, «si es socialmente más conveniente invertir en todas las familias por igual o sobre las que tienen dificultades económicas; o si es más efectivo facilitar ayudas a la conciliación que las ayudas por nacimiento de hijo o hija». El modelo de gasto de prestaciones a las rentas bajas se sitúa a la misma altura que otros países europeos del entorno. «El reto consiste también en articular medidas que apoyen a las rentas medias», reconoció.

Sostiene Artolazabal que el problema se sitúa «en las tensiones entre trabajo y familia», por lo tanto las medidas tienen que ir encaminadas a «cómo asegurarse que las mujeres que quieren tener hijos no tengan que sacrificar su carrera profesional para tenerlos». Entre ellas, citó servicios de guardería, «un cuidado de calidad que no expulse a las madres de ingresos bajos del mercado laboral», bajas de maternidad que «no inhiban la vuelta al trabajo» y programas que fomenten la corresponsabilidad en los cuidados, a que el cuidado de los hijos no recaiga en exclusiva en las mujeres. Casi el 90% de las ayudas por conciliación las piden ellas.

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Euskadi se convierte en la primera comunidad autónoma que pone en marcha este sistema de prestaciones VITORIA, 22 (EUROPA PRESS) El Gobierno Vasco ha aprobado este martes el decreto de ayudas a las excedencias voluntarias por paternidad de 16 semanas para los trabajadores del sector privado, con las que el permiso inicial de ocho semanas, que ya cubre la Seguridad Social, se ampliará a otras ocho, que en este caso serán financiadas por el Ejecutivo autonómico. Euskadi se convierte así en la primera comunidad autónoma del Estado que pone en marcha unas prestaciones de este tipo, de las que finalmente –a diferencia de lo que establecía el borrador inicial– no se excluirá a los trabajadores que tengan contratada una empleada de hogar. Entre los requisitos para acceder a las ayudas sí se mantiene la exigencia de que los beneficiarios de la prestación no puedan tener matriculados a sus hijos en una guardería, una condición que no se exige en la normativa que regula estas ayudas para los empleados. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, se ha referido a las diferencias entre las ayudas destinadas a los empleados públicos y las previstas para trabajadores de la empresa privada. Erkoreka ha asegurado que la «equiparación» de ambas normativas no tiene «ningún sentido», puesto que la propia Constitución establece importantes diferencias entre los estatutos de los funcionarios y de los empleados del sector privado. El decreto de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral aprobado este martes establece que las prestaciones se podrán solicitar a partir del próximo mes de noviembre. Además de las ayudas para trabajadores en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria, el decreto recoge otras prestaciones. Entre ellas, se encuentran las ayudas para sustituir trabajadores acogidos a una excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria, así como para la contratación de trabajadores para el cuidado de hijos menores de edad. CORRESPONSABILIDAD A través de esta normativa se pretende impulsar la consolidación de las responsabilidades familiares y laborales, así como la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo o la contribución al desarrollo de su carrera profesional. Para lograrlo, se fomenta la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado y educación de los hijos y en la atención a las personas que se encuentren en situación de dependencia o extrema gravedad. En el caso de las ayudas trabajadores en situación deexcedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos se establecen dos líneas de actuación. Por una parte se encuentran las ayudas a trabajadores en situación de excedencia laboral, con el fin de equiparar los períodos de las prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de la persona menor de un año disfrutados por las personas progenitoras. Además, se establecen ayudas para trabajadores en excedencia por cuidado de hijos menores de 3 años y en situación de reducción de jornada laboral por cuidado de hijos e hijas menores de 12 años. El objetivo de esta ayuda es que, tras el nacimiento del hijo, ambas personas progenitoras puedan equiparar los períodos temporales disfrutados en los subsidios contributivos por nacimiento y cuidado, teniendo derecho a un período de igual duración -16 semanas- intransferible, remunerado y no coincidente en el tiempo. Las personas a las que se dirige esa ayuda son los personas trabajadores por cuenta ajena, socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas y trabajadores por cuenta propia o autónomos. REQUISITOS Para que este último colectivo acceda a la ayuda debe contratar a un trabajador durante todo el período de la actuación subvencionable, en coherencia con el desarrollo que las medidas de conciliación de vida familiar y laboral para los autónomos han tenido en el ámbito de la Seguridad Social. Además, la normativa de la ayuda tiene en cuenta a los socios de cooperativas comprendidas en el Régimen Especial de losTrabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que disponen de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales que complementa el sistema público. FAMILIAS MONOPARENTALES En ese caso, el importe de la ayuda es el 100% de la suma de las bases de cotización de la Seguridad Social y del referido sistema intercooperativo. La regulación de esa ayuda también considera la situación de las familias monoparentales, de forma que no suponga una inequidad para los hijos de esas familias. Además, con la finalidad de proteger especialmente a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, se incrementa el importe de las ayudas en los supuestos de familias monoparentales o numerosas, unidades familiares con alguna persona miembro en situación de dependencia severa, gran dependencia o discapacidad superior al 50%, y unidades familiares con alguna persona miembro víctima de violencia de género. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, socios de las sociedades cooperativas y trabajadores por cuenta propia o autónomos, el importe de la ayuda será la base de cotización del mes anterior a aquel en que se inicia la actuación subvencionable. En el supuesto de los socios de cooperativas comprendidas en elrégimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomosde la Seguridad Social que dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones que complemente el sistema público, el importe de la ayuda será la suma de las bases de cotización, tanto en la Seguridad Social, como en el referido sistema intercooperativo, en el mes anterior a aquel en que se inicia la actuación subvencionable. En estos casos, el importe de dicha ayuda pueda superar la base máxima de cotización de la Seguridad Social vigente en cada momento.Cuando la persona que haya solicitado la excedencia la haya pedido por períodos inferiores al mes, la cuantía de la ayuda se determinará de forma proporcional. PLAZOS En aquellos supuestos en los que la excedencia se disfrute de forma discontinua, la base de cotización sobre la que se calculará el importe de la ayuda será la correspondiente al mes anterior a aquel en que por primera vez se inició la actuación subvencionable. Las solicitudes de la ayuda deberán presentarse una vez haya finalizado la actuación subvencionable regulada en esta sección; y el plazo de presentación de solicitudes termina una vez hayan transcurrido tres meses desde la finalización del año de actuaciónsubvencionable. Las ayudas concedidas se harán efectivas mediante un pago único en el plazo máximo de dos meses tras la notificación de la resolución de concesión.

Gobierno Vasco destina 35 millones de euros a las ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar

De esta forma, el Ejecutivo concede ayudas económicas a las personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijas o de hijos. Para cubrir esta primera línea, la más importante, se destinarán 33.170.674 euros.

La segunda línea de ayudas, dotada con 1.415.100 euros, pretende ayudar a aquellas personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria.

La tercera línea, que cuenta con 400.000 euros, está enfocada en las ayudas destinadas a la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas menores.

«Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad en el cuidado de hijos e hijas es uno de los ejes estratégicos del IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias en la CAPV 2018-2022», ha destacado la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

Asimismo, ha informado de que el año pasado, la Dirección de Política Familiar y Diversidad del Gobierno Vasco recibió un 12,70% más de solicitudes de este tipo de ayudas.

Las personas que soliciten estas ayudas en 2019 recibirán una ayuda un 5% superior a las abonadas en 2018, ya que a pesar de la prórroga presupuestaria, el 14 de febrero de este año, el Parlamento Vasco decidió derogar la Disposición Adicional 6ª que estableció una reducción del 5% en el importe de las ayudas en 2018.

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