0

Fremap riesgo embarazo

Deniegan a una trabajadora embarazada la baja por riesgo

Creen que una mutua ha actuado de manera «negligente» al denegar este derecho

EUROPA PRESSHOY.es Jueves, 13 enero 2011, 18:28

La Federación de Industria y Afines (FIA) de UGT Extremadura ha mostrado su «indignación» por la actuación «negligente» de una mutua de accidente de trabajo y enfermedad profesional de la Seguridad Social de la región que está «denegando» a una trabajadora embarazada su «derecho a la situación de baja por riesgo durante el embarazo».

Según ha señalado FIA-UGT de la región en un comunicado de prensa, se trata de una empleada de la empresa Extremadura Torrepet S.L. y la mutua que le está «denegando» a esta trabajadora la baja por riesgo es, según ha indicado la federación sindical, Fremap.

FIA- UGT ha dicho que la maternidad es la condición de género que afecta a la mujer trabajadora y tiene en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, «fundamentalmente», y en la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, junto con la Ley de Conciliación de la Vida Familiar, los «pilares principales para su garantizar seguridad y protección».

Así, ha explicado que «cuando la trabajadora embaraza está expuesta en su trabajo a riesgos que pueden causar daño a ella y al feto, esta normativa establece perfectamente los pasos a dar tanto por la propia trabajadora, como por la empresa, el servicio de prevención y la mutua, para garantizar la seguridad y salud de ambos, madre y feto».

Añade FIA-UGT que se ve en la situación de «denunciar» a aquellas mutuas que, «no siendo posible aplicar ninguna de las fases anteriores», esto es, «adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo, asignación de la trabajadora a un puesto diferente y compatible con su estado», se «niegan» a darles la baja por situación de riesgo durante el embarazo.

La federación critica este comportamiento de la mutua que «antepone su propio beneficio económico al derecho de la trabajadora embarazada, manifestando una profesionalidad indolente y poniendo en grave riesgo la salud de ésta y de su hijo».

«No sólo reivindicamos este derecho de protección de las trabajadoras embarazadas o que estén en periodo de lactancia, si no que estamos denunciando, y seguiremos denunciando, ante la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social y ante el juzgado competente los casos detectados», ha dicho FIA- UGT Extremadura.

Finalmente, la federación ha dicho que «no» está dispuesta a consentir que las mutuas «jueguen con el derecho a la seguridad y salud de las trabajadoras extremeñas en situación de embarazo o lactancia».

Baja por riesgo en lactancia

Hola Mishae, felicidades por tu embarazo y gracias por utilizar el foro,

Te copio lo que pone el el INSS respecto a esto, puedes leer más en la página de la Seguridad Social. Entiendo que es un médico del sistema nacional de salud. Espero que te pueda ayudar

El reconocimiento del derecho al subsidio corresponde a la Entidad gestora o a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social con la que tenga concertada la empresa la cobertura de las contingencias profesionales.

Iniciación del procedimiento:

  • El procedimiento se inicia a instancia de la trabajadora mediante un informe médico que deberá solicitar al facultativo del Servicio Público de Salud, en el que se acredite la situación de lactancia natural.
  • Con el citado informe y un certificado de la empresa sobre la actividad desarrollada y las condiciones del puesto de trabajo, la trabajadora solicitará la emisión de la certificación médica sobre la existencia de riesgo durante la lactancia ante la Entidad gestora o colaboradora que corresponda.

Si la Entidad gestora o colaboradora considera que no se produce la situación de riesgo durante la lactancia, denegará la expedición de la certificación médica solicitada, comunicando a la trabajadora que no cabe iniciar el procedimiento dirigido a la obtención de la correspondiente prestación.

  • Una vez certificado el riesgo, si no ha sido posible el cambio del puesto de trabajo, la empresa declarará a la trabajadora afectada en situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia.

Solicitud de la prestación:

  • Para el reconocimiento del subsidio, la trabajadora deberá presentar solicitud dirigida a la Dirección provincial competente de la Entidad gestora de la provincia en que aquélla tenga su domicilio o ante Mutua Colaboradora con la Seguridad Social que le corresponda.
  • La solicitud se formulará en los modelos normalizados y deberá contener los datos y circunstancias que establece el |art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañada de los documentos necesarios.

Resolución y notificación:

  • El Director provincial de la Entidad gestora de la provincia de residencia de la interesada dictará resolución expresa y la notificará a la misma en el plazo de 30 días, contados desde la recepción de la solicitud de la interesada.

Cuando no se reconozca inicialmente el derecho a la prestación económica, por no concurrir la situación protegida, se indicará a la interesada, si procede, la fecha a partir de la cual podrá reconocerse la prestación, teniendo en cuenta la certificación médica sobre la existencia de riesgo y la evolución en el estado de gestación, en relación con el riesgo específico derivado del puesto de trabajo. En consecuencia, en estos casos, no será necesaria una nueva solicitud sino, tan sólo, la aportación de la documentación exigida.

Cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y certificaciones presentadas con la solicitud, o concurran indicios de posible connivencia para obtener la prestación, se podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que ésta manifieste su conformidad o discrepancia en relación con las medidas adoptadas por la empresa, que puedan determinar el derecho al subsidio. La petición del informe deberá ir acompañada de la documentación presentada.

  • El informe deberá emitirse en el plazo máximo de 15 días, transcurrido el cual, se podrá dictar resolución, sin tener en cuenta el mismo, a efectos del reconocimiento o denegación de la prestación económica. Excepcionalmente, en estos casos, el plazo de 30 días quedará suspendido hasta la recepción del informe en la Entidad gestora.

Prescripción:

Cambio de doctrina del TS, nueva interpretación del concepto “baja por riesgo durante el embarazo”

Herramientas para el texto

  • Tweet

Social Laboral

7 de Mayo de 2019 Incluye la sentencia

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo determina en su Sentencia de fecha 10 diciembre de 2018 que la baja médica de una trabajadora que se somete a un tratamiento de fecundación in vitro debe tener la consideración de baja por riesgo durante el embarazo, ya que el objetivo de la incapacidad es que su estado de gestación llegue a término.

Eva Mirón Parra,
Socia Abogada Laboralista en el Despacho A&E abogados

En cuanto a los antecedentes de hecho de la referida Resolución, indicar que una trabajadora con categoría profesional de dependienta, inicia una baja médica durante la cual, se somete a un tratamiento de captación ovocitaria. Tras la oportuna fecundación in vitro inicia un nuevo proceso de incapacidad temporal, en esta ocasión, por embarazo de alto riesgo. En el parte de baja médica se expresa como diagnóstico «por esterilidad femenina de origen no especificado».

La Mutua con la que la empresa tenía concertada la cobertura de las contingencias profesionales dicta Resolución denegando la prestación derivada de riesgo en el embarazo, motivo por el que la trabajadora interpone la oportuna demanda de determinación de contingencia.

Pues bien, tras la celebración del acto de vista, el Juzgado de lo Social nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria dictó Sentencia en la que desestimando la reclamación interpuesta por la trabajadora confirmaba la decisión de la Mutua. En la Fundamentación Jurídica de la Resolución alega la Juzgadora de Instancia lo siguiente:

    «no se considerará situación protegida la derivada de riesgos o patologías que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora o del feto, cuando no esté relacionada con agentes, procedimientos o condiciones de trabajo del puesto desempeñado (…) Si la trabajadora no puede, por su estado, prestar servicios y esta imposibilidad, nada tiene que ver con el trabajo que desarrolla, como es el caso, deberá solicitar la baja por incapacidad temporal, o en su caso, si lo desea , comenzar el disfrute del permiso de maternidad; por tanto, en virtud de lo anteriormente expuesto , solo resta la desestimación de la demanda.»

Frente a la referida Resolución, la trabajadora interpuso el oportuno recurso de suplicación, el cual concluyó con la Sentencia del TSJ de Canarias de fecha 29 de abril de 2016 en la que, revocando la Sentencia de Instancia, se determinó que la incapacidad de la trabajadora debía tener la consideración de baja por riesgo durante el embarazo.

Razona la Sentencia que un puesto de trabajo que exige bidepestación y deambulación prolongadas ya constituye en sí una situación de riesgo para el embarazo a lo que debe añadirse que el suyo es de alto riesgo dada la situación clínica que le procede, es decir, gestación después de una fecundación in vitro, situación que aumenta el riesgo de sufrir un aborto espontáneo.

A ese respecto, argumenta el TSJ que la percepción de la trabajadora embarazada, parte de un bien jurídico protegido que no es sólo la integridad física de la mujer trabajadora, sino que en función del embarazo y posible maternidad y/o lactancia de un hijo, éste se convierte en sujeto protegido como derecho a la salud del feto o del recién nacido a través de la propia salud de la madre.

De ahí que, a la consecuencia propia del ordenamiento jurídico laboral referente a la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, se une la prestación de la Seguridad Social por riesgo durante el embarazo con la finalidad de otorgar una renta de sustitución del salario dejado de percibir por la trabajadora. En suma, el objetivo es que la mujer trabajadora embarazada no incremente su riesgo propio común o el del feto, por ocasión o consecuencia de la actividad laboral, donde no se requiere que se actualice un daño efectivo sino basta con que se objetive un riesgo específico relacionado con el embarazo.

Como era de esperar, la Mutua FREMAP formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, determinando el TS en la Sentencia objeto de análisis, que la posición correcta es la alcanzada por el TSJ de Canarias.

Así, alega el alto Tribunal que el artículo 26 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre incluye en la evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 del mismo texto legal, en general y para el caso particular de la protección de la maternidad, la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. En vista de lo anterior, el citado precepto, encadena la noción de riesgo a dos hechos:

    1) La existencia de un embarazo que no presenta anomalías específicas salvo las molestias habituales que no comprometen su resultado

    2) A que esa situación de evolución natural pueda verse afectada por la incidencia de elementos ajenos al embarazo, pero intrínsecos al puesto de trabajo de las que solo quepa alejar a la embarazada o al feto modificando el desempeño o excluyéndolo de modo absoluto mediante un cambio de puesto.

Partiendo de cuanto antecede, concluye el Tribunal determinando que el caso objeto de análisis supone en sí mismo una circunstancia de riesgo para la accionante y el feto incompatible en forma hipotética con cualquier actividad laboral pues ello incluiría desplazamientos diarios desde su domicilio con sujeción a horario y disciplina. Pero es que a lo anterior adiciona la Sala, el hecho de que en el caso de la demandante, su profesión de dependienta conlleva la bidepestación prolongada, lo cual, unido a la falta de constancia de una oferta de cambio de puesto, implica la presencia de un riesgo cierto aún cuando a lo largo de la gestación las iniciales dificultades de adaptación tras la implantación artificial, hubieran sido superadas.

En virtud de lo expuesto, el TS confirma la Sentencia del TSJ y reconoce a la trabajadora una baja por riesgo durante el embarazo.

¿Quiere leer la sentencia?

Eva Mirón Parra,
Número de artículos del autor 17
Posicionamiento en el ranking de contenidos 162

La mutua FREMAP considera que la acrobacia circense es compatible con el embarazo (ES)

La compañía catalana de circo Psirc acaba de hacer público que una de sus artistas, en concreto Anna Pascual, acaba de recibir una impactante noticia.

Embarazada de 15 semanas, la compañía contactó con su mutua (FREMAP) para solicitar una baja por embarazo, al considerar que Pascual realiza un trabajo de riesgo para el embarazo.

Sin embargo, la aseguradora se ha acogido a la ley para asegurar que no tienen obligación de cubrir baja alguna al menos hasta la semana 18.

Concretamente, los artículos a los que el escrito de la aseguradora hace referencia son el 128, el 134 y el 135 bis de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Psirc cuenta actualmente con un espectáculo en circuito, Acrometría, basado en técnicas de portés, equilibrios y acrobacias, en el que, además, Anna Pascual realiza varios ejercicios de mástil o una triple altura, por mencionar algunas escenas del espectáculo. En la foto de este artículo puede verse a Ana “volando” en otro de los momentos de Acrometría.

Independientemente del criterio de la mutua y del contenido de las leyes, Anna Pascual no puede trabajar en la Acrometría desde el comienzo, algo que ha llevado a la compañía a denunciar públicamente esta situación. Una circunstancia de injusticia escandalosa que no hace sino poner de relieve un contexto mucho mayor: la desprotección, en líneas generales, del artista y del mundo de la cultura ante la ley. Las leyes españolas, en efecto, no tienen en cuenta las particularidades de las dinámicas habituales de los artistas en su trabajo, con un régimen social especial (el de artistas y toreros) absolutamente insuficiente.

El artista, que normalmente actúa sobre el escenario frente a una audiencia -con suerte- una décima parte del tiempo que se pasa en ensayos, entrenando o simplemente viajando en furgoneta, tiene regímenes mucho más protectores y con coberturas más altas en países con mayor consciencia de la realidad cultural, como Francia, algo que hace que muchos artistas, por ejemplo en el mundo del circo, aprovechen la más mínima oportunidad para operar desde el país galo. En el caso de la carta recibida por Psirc, apelar a la Ley de Riesgos Laborales, cuando el mundo del circo supone en sí mismo una excepción para cualquier plan de protección de riesgos laborales, no deja de ser una paradoja. Por su parte, Psirc ya ha sustituido a Anna Pascual en escena con la artista Ania Buraczynska, por lo que la vida de Acrometría, un espectáculo magnífico, por otra parte, tiene garantizado su futuro, en el que se incluyen varias giras internacionales. Probablemente en esas giras la compañía podrá explicar la sensibilidad legislativa española con el mundo del arte.

admin

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *